El caso Avialsa, que investiga el presunto amaño de los concursos de los servicios de extinción de incendios por parte de la Generalitat, es uno de los grandes terremotos políticos vinculados a la corrupción que ha vivido la Comunitat en los últimos tiempos. El exconseller del PP Serafín Castellano es uno de los principales imputados en esta causa. Además de la empresa que da nombre al caso, hay otras firmas que también están siendo investigadas en la Audiencia Nacional dentro de lo que se denomina el 'cártel del fuego' que ha operado en varias comunidades autónomas. Dos de ellas son Martínez Ridao Aviación y Faasa, que ganaron en 2017 el concurso -se asociaron como unión temporal de empresas- convocado por la conselleria de Presidencia.
La Sindicatura de Comptes desvela en su último informe una serie de irregularidades en esta contratación. Unas anomalías detectadas y que la Generalitat trató de corregir con un listado de alegaciones que no fue aceptado por el órgano fiscalizador, que optó por mantener el mismo criterio reflejado en su informe. La irregularidad más significativa es que la UTE Martínez Ridao-Faasa operó desde principios de marzo de 2017 cuando el contrato se formalizó el último día de mayo. Tres meses bajo el modelo de «enriquecimiento injusto» y por el que cobró 1,1 millones de euros.
El concurso del servicio aéreo de extinción lo ganó la UTE por 5,8 millones de euros. La Sindicatura advirtió de que en el proceso de contratación ni se contemplaron los precios unitarios ni su forma de determinación, como obliga el artículo 26.1.f del texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público.
Ninguna de las alegaciones de la Generalitat sobre el contrato de extinción de incendios ha sido aceptada
Los precios unitarios facturados, según el informe de la Sindicatura, son los que contiene la oferta del contratista. En sus alegaciones, la Generalitat aporta los datos económicos de la UTE, pero la respuesta no fue aceptada por el órgano fiscalizador: «El contrato recoge el importe máximo a satisfacer por el contratista pero no los precios unitarios».
Además, otras de las irregularidades detectadas contraviene el artículo 72 de la misma ley. En el expediente no constan las escrituras de las empresas que forman la UTE -Martínez Ridao y Faasa- y no se acredita la solvencia económica de las adjudicatarias. Presidencia de la Generalitat sólo aporta en el plazo de alegaciones un escrito de la unión temporal de las dos empresas pero en ningún caso, como destaca la Sindicatura, se presentan las escrituras de las mercantiles.
La anomalía más destacada en el informe es que el servicio se empezó a prestar antes de que se formalizara el contrato. A partir del 1 de marzo de 2017, la UTE comenzó a operar pero el acuerdo se rubricó el 31 de mayo. El pago anterior a la formalización del contrato sumó 1,1 millones resueltos con un expediente de enriquecimiento injusto.
La decisión adoptada por Presidencia se tomó en contra de lo que marca el artículo 156.5 de la ley de Contratos del Sector Público: «No podrán iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 de esta ley».
El caso Avialsa es una de las grandes investigaciones vinculadas a la corrupción en la Comunitat
A este artículo se acogió la Generalitat para defender la legalidad de su actuación. Desde Presidencia argumentaron que la prórroga anterior -con Avialsa- terminaba el 28 de febrero de 2017 y como había un recurso pendiente que no se pudo resolver hasta el 1 de junio, la Generalitat le pidió al preadjudicatario que prestara el servicio antes de formalizar el contrato.
El artículo 113 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que la tramitación de emergencia se producirá a causa de acontecimientos catastróficos, en situaciones que supongan grave peligro o en necesidades que afecten a la defensa nacional. Pese a las alegaciones remitidas desde Presidencia, la Sindicatura de Comptes entiende que en ningún momento se dio uno de los casos de excepcionalidad incluidos en la ley de Contratos del Sector Público. Además, Presidencia tramitó el concurso a través de un proceso ordinario y en ningún caso asignó al proceso la etiqueta de emergencia. De esta manera pierde consistencia el argumento de la Generalitat frente a las anomalías detectadas por la Sindicatura.
Las empresas Martínez Ridao y Faasa están incluidas en el conocido como el 'cártel del fuego' por, presuntamente, hacer negocios con los contratos de extinción de incendios en diversos puntos del territorio nacional. En su día el PP denunció esta contratación con la UTE y vinculó a las empresas «con la corrupción del PSOE andaluz». Las firmas remitieron un comunicado para defender su experiencia y trayectoria profesional. Martínez Ridao y Faasa compraron varios aviones a Avialsa para poder optar a varios concursos.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad Valenciana
- Coste aprox.: 1100000 €
- Total implicados: 3
- Año de los hechos:
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Director de Avialsa
El dueño de AVIALSA consigue a cambio de regalos contratos que suman valores en torno a los 40 millones de euros. Estos amaños acaban con la detención de Serafín Castellanos, entonces delegado del Gobierno. Vicente Huerta, así es el presunto líder del cártel del fuego y dueño de AVIALSA, una de las principales empresas de extinción de incendios.
AVIALSA es la empresa de extinción de incendios aérea más importante del este de España. Su dueño, Vicente Huerta, es detenido por pertenecer a una organización criminal. "Es una venganza", declara a la salida del juzgado. Su empresa llega a facturar más de 50 millones de euros en un sólo año.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos
- Cargo: Exconseller valenciano de Gobernación con el PP y exdelegado del Gobierno en la comunidad
Adjudicó el contrato de aviones contra incendios a Avialsa con una oferta en la que el Air Tractor AT-502B era una de las estrellas. Supuestamente, la empresa disponía de cuatro unidades, pero resultó ser falso. En un informe de la propia empresa, firmado sólo 20 días antes de la adjudicación, Avialsa reconoce que sólo dispone de un 502B. Aún así, Serafín Castellano le dio el contrato para 2008 y 2009 por más de 11 millones de euros.
Nada más adjudicarse el contrato, Avialsa reconoce que no dispone de los aviones prometidos. Pero, lejos de sancionar a la empresa, la Consellería de Castellano le permitió hacer dos modificaciones del contrato, en 2008 y 2009, para que se ajustara a su flota. Y no sólo eso. Además, le volvió a adjudicar el contrato para el periodo entre 2010 y 2013, por más de 22 millones, prorrogable por otros dos años y 11 millones de euros.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Falsedad documental y blanqueo de capitales
- Cargo: Abogada de Avialsa
